HUACHO: FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE MINIVAN SEPULTADA EL 2015 LLEGARON A PROTESTAR AL PODER JUDICIAL
Familiares de los pasajeros de la minivan que fuera sepultada la noche del 8 de junio del 2015, por un derrumbe ocasionado en el kilómetro 86 de la carretera Churín-Sayán, sector de Mirahuay, distrito de Paccho, provincia de Huaura, región Lima, llegaron hasta el frontis del poder judicial a protestar por la lentitud con que se viene tratando el caso de la muerte de sus familiares.
Entre lágrimas contó Juan José Torres Orellana que perdió a sus tres hijas, “señor, yo he visto a mi hija morir, me gritaba papá sácame, papá sácame y no pude hacer nada”, por eso pido justicia, acotó el padre de familia.
COMO SE SABE
La minivan cargada de pasajeros fue sepultada la noche del lunes 8 de junio del 2015, cuando se desplazaba de Churin a Huacho.
Tras el accidente murieron: Estefanía Torres Osorio (24),Raúl Ventocilla Melendez, Deyner Sánchez Baca (25), Edgardo Pilco Salvador (28), conductor, Ricardo Cóndor Ugarte (72), Ermelinda Luna Andrade (60), Luis Alberto Canales Curo (33), Lucio Diógenes Ochoa Cárdenas (66), Rocío Juana Guardales Morales, Alejandro Alcoser Abarca, Enrique Espabon, Lucio Gutiérrez, Miguel Ortega Casas, Shirley Blas Osorio, Niño Alexander 1 Año 9 meses.
Sólo dos pasajeros lograron sobrevivir Rubén Janampa López de 41 años y Gilmer Luis Luis Garcia (26) Natural de Trujillo.
Se encontró luego que llegaran peritos al lugar, piedras con perforaciones, para colocar dinamita, lo que demostraría que el problema de desplazamiento de tierra no se habría debido a una cuestión natural, sino a la negligencia de la empresa constructora de la carretera.
Ya en el 2015 los deudos fueron hasta distrito de Sayán, provincia de Huaura, lugar donde se encuentran las oficinas de la empresa CONSORCIO VIAL HUAURA, encargada de los trabajos que se realizan en el lugar; encontrando por toda respuesta que la empresa no se sentía responsables del accidente y que no iban a pagar ninguna indemnización a los deudos e indicaron que los responsables era la empresa PRO VIA que pertenece al estado.
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