El objetivo de las cámaras es servir de instrumento de vigilancia ciudadana, para la prevención de la violencia y del delito, así como el control y persecución del delito o falta. La norma fue publicada en el Diario Oficial El Peruano.
La norma incluye playas, plazas, parques, infraestructura vial, vías férreas, caminos, sedes gubernativas e institucionales, escuelas, hospitales, estadios, bienes afectados en uso a la defensa nacional, penales, espacios culturales, cementerios, puertos, aeropuertos y otros.
Los bienes de dominio público deben instalar las cámaras con los estándares técnicos que se establezcan en el reglamento de la norma que se emitirá en un plazo de 90 días.
Esta disposición obliga igualmente a los propietarios o poseedores de establecimientos comerciales abiertos al público con un aforo de 50 personas o más, a colocar cámaras de videovigilancia, a fin de garantizar la seguridad de los consumidores y la prevención e investigación del delito.
Lo último incluye a centros comerciales, tiendas por departamentos, entidades financieras, instituciones educativas o culturales, institutos superiores, universidades, establecimientos de salud, entre otros.
La norma aclara que las cámaras de videovigilancia no han de captar o grabar imágenes, videos o audios de espacios que vulneren la privacidad o intimidad de las personas.
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